FALLO A FAVOR DE LA FAMILIA AGUIRRE POR LA EX GRANJA POLIPRODUCTIVA

La tarde del miércoles 30 de mayo del 2018 fue desalojada la familia Aguirre del ex predio de la Granja Poliproductiva de la Escuela Especial N°501, hoy Huerta Agroecológica.  Aquella tarde una joven mujer y sus dos hijos fueron a parar a un hotel, término con una familia desalojada y con un detenido, Rodolfo Barraza.

La orden de allanamiento, registro, constatación y desalojo compulsivo fue firmada por el Juez de Garantías de Olavarria, Dr. Carlos Villamarín y cumplimentada por el Ayudante Fiscal Alejandro Braga.

La misma se enmarcaba en un juicio civil que mantenía desde hace al menos 5 años el Municipio de Laprida y la familia Aguirre, por la disputa de la titularidad del predio, ubicado en Belgrano entre e la Canal y General Nicolás Levalle.

El día viernes último el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Azul falló:

AUTOS Y VISTOS:

Estas actuaciones caratuladas: " AGUIRRE MYRIAM ELIZABETH C/ MUNICIPALIDAD DE LAPRIDA S/ DILIGENCIA PRELIMINAR - OTROS JUICIOS" N° 16.431, de trámite por ante este Juzgado y en estado de dictar sentencia, y de las que:

RESULTA:

I.- Que a fs. 87/92 se presenta la Sra. Myriam Elizabeth, con el patrocinio letrado del Dr. Jorge Eduardo Moroni, inscripto al T° XXXIX, F° 457 del C.A.L.P. y el Dr. Juan Pablo Moccero, inscripto al T° IX F°129 del C.A.A. y promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Laprida a los fines de que se anule el acto administrativo y/o lo que en derecho correspondiere, que declaró la prescripción del inmueble que era de su propiedad y del cual fue desposeída. Asimismo solicita como medida preliminar la remisión del expediente administrativo por el cual se ordeno la traslación de dominio.

Expresa que resulta ser heredera del Sr. Aguirre Lucas, que dicha circunstancia se encuentra acreditada en el expediente "AGUIRRE LUCAS s/ SUCESIÓN AB INTESTATO" Expte N°49.136. Que además de los bienes denunciados en dicho sucesorio, heredó de su padre un inmueble ubicado en la localidad de Laprida, que era de su patrimonio según la sentencia firme dictada en los autos caratulados "AGUIRRE LUCAS c/ TOLOSA PATROCINIO s/ USUCAPIÓN" Expte. N° 90.096 del año 1990, de trámite por ante el Juzgado de Paz de Laprida.

Expresa que ante la muerte de su padre en 2013, solicitó la devolución del predio a la Municipalidad, y que se le entregara el documento mediante el cual su padre había cedido parcialmente parte del mismo. Que la Municipalidad realizó maniobras dilatorias sin darle solución a lo solicitado.

Que se siguió abonando la totalidad de los impuestos provinciales, así como también las tasas municipales. Señala que extraoficialmente se anotició que aproximadamente en el año 1995 su padre cedió por el plazo de 10 años parte del inmueble de su propiedad a la Municipalidad de Laprida (alrededor de 1,5 hectáreas), con la condición de que allí se desarrollarían labores en beneficio de niños con capacidades diferentes, reservándose el uso del resto del terreno. Asimismo, que en dicho acuerdo, su padre consentía que el Municipio realice mejoras que quedarían en beneficio de la propiedad y permitió que se demuela lo que había sido su vivienda familiar. Destaca que dicha cesión no impidió que se continúe con el pago del 100% de los impuestos provinciales y municipales.

Señala que en esa parte del terreno el Municipio construyó un pequeño tinglado, corrales y gallineros, y un precario salón donde funcionó un anexo de la institución educativa 501 y también la escuela de equino terapia.

Sostiene que desde la muerte de su padre detentó la posesión del predio, hasta el día 12 de agosto de 2016, cuando, mediante la causa penal por usurpación, se dictó el desalojo preventivo. Destaca que, todo ello sucedió a pesar de la cantidad de datos aportados por ella a la causa penal, y que la Municipalidad solo presentó una supuesta escritura y dos testigos.

 

Por todo ello RESUELVO:

1.- Hacer lugar a la demanda instaurada por la Sra. Aguirre Miryam Elisabeth, disponiendo la nulidad del Decreto N° 945, condenando a la Municipalidad de Laprida a que retrotraiga los efectos del mismo al estado anterior a su dictado y por tanto dejar sin efecto la prescripción administrativa que establecía.

2.- Imponer las costas a la Municipalidad de Laprida por haber resultado vencida en autos (art. 51 del CPCA).

3.- En virtud de los dispuestos por los arts. 13-14-15-16-21-22-23-27 inc. "a" y 44 de la Ley 14.967, atento a las tareas realizadas en el presente proceso, regúlense los honorarios del Dr. Jorge Eduardo Moroni, inscripto al T°XXXIX F°457 del C.A.L.P., en la suma de $90.127,15 (pesos noventa mil ciento veintisiete con quince centavos), equivalente a la cantidad de 26,823 jus arancelarios, y al Dr. Juan Pablo Moccero, inscripto al T°IV F°129 del C.A.A., en la suma de $450.635,76 (pesos cuatrocientos cincuenta mil seiscientos treinta y cinco con setenta y seis centavos), equivalente a la cantidad de 134,117 jus de acuerdo al valor vigente de $3.360 (confr. Ac. SCBA 4037/21). A dicha regulación deberá adicionarse el 10% de ley, conforme arts. 12 inc. a y 14 de la ley 8455 y la alícuota del IVA, si correspondiere.

Que para dicha regulación se tuvo presente un 18% de la valuación fiscal de fs. 122, firme y consentida por las partes, con más el adicional indicado en el art. 27 inc. "a" de la ley 14.967 y la calidad de patrocinantes que ostentaban los abogados de la parte.

4.- Atento la imposición de costas del punto 2 que antecede, no corresponde regular estipendios profesionales a los letrados intervinientes por la Municipalidad de Olavarría (conf. art. 203 LOM).

5.- REGISTRESE, NOTIFÍQUESE confr. Ac. SCBA 4039/2021.- En relación al obligado al pago de los honorarios, hágase saber lo dispuesto por el art. 54 Ley 14.967, en cuanto el mismo expresa: "Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.

Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.

Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.

En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.

Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.

Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.

Operada la mora, el profesional podrá optar por:

a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.

b) Reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación."

Líbrese también cédula a la actora, obligada al pago de los honorarios de sus propios letrados, a su domicilio real, con transcripción del art. 54 precitado. PABLO GABRIEL QUARANTA JUEZ es quién realiza este fallo a favor de la familia Aguirre.

 

 

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